Sobre la responsabilidad de lxs científicxs

26 de diciembre, 2017

En las últimas semanas ha tomado estado público la denuncia realizada al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) por incumplimiento de la ley de glaciares. Llamativamente, esta noticia ha tenido eco principalmente porque el procesado es un científico, el Dr. Ricardo Villalba, director de dicho instituto en los últimos años. 

Veamos algunos antecedentes: en el 2010 se promueve una ley que busca proteger los glaciares “cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”, dada la actividad minera en la cordillera argentina. Con tal objetivo, se encarga al IANIGLA la confección de un inventario de glaciares que, en las zonas bajo explotación, debía realizarse en un plazo no mayor a ciento ochenta días. En el 2015 la empresa Barrick Gold derrama cianuro con consecuencias irreversibles para la sociedad y el ambiente. La denuncia hecha por la Asamblea de Jáchal señala lo siguiente: si se hubieran cumplido los plazos y las formas de la ley de glaciares, la Barrick no hubiera operado en esos territorios y, por lo tanto, el derrame no hubiera ocurrido. El IANIGLA no hizo lo que por ley tenía que hacer, y el juez Casanello procesó a su director y funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

En este escenario surgen algunos interrogantes. Uno de ellos es preguntarse acerca de si se realizó alguna denuncia -y en qué estado está- contra los responsables directos que derramaron cianuro, los miembros de la trasnacional Barrick Gold. La respuesta es que sí se realizaron acciones jurídicas -también hechas por la Asamblea- y las causas están archivadas. ¿Por qué? Habría que preguntarse a quiénes sirven jueces y gobernantes. 

Otra de las preguntas, la que nos interesa debatir aquí, es acerca de la responsabilidad del científicx/expertx. En este caso, la defensa es la siguiente: el inventario se hizo en tiempo y forma, y de acuerdo con parámetros internacionales lo cual indica que, entre otras cosas, se consideraron glaciares de más de una hectárea. Y la empresa operó en glaciares más pequeños. “Incluimos aquellos glaciares mayores a 1 hectárea; mientras que Suiza comenzaba con aquellos de más de 5 hectáreas, y Francia y Canadá con los de más de 10” dice Villalba. Otro de los argumentos es que glaciares de menos de una hectárea son difíciles de tener en cuenta ya que la resolución de las imágenes satelitales no lo permitirían. De tal modo, las razones por las cuales no se consideraron los glaciares en los cuales Barrick Gold derramó cianuro serían de orden técnico. La defensa queda entonces establecida: el científico nada tendría que ver ya que sólo aplicó parámetros reconocidos internacionalmente, la responsabilidad debería caer sobre la autoridad política correspondiente. “No es el IANIGLA quien tiene que hacer el control ambiental a las mineras, sino el Gobierno de San Juan” se señala. 

Como se observa, la estrategia responde a la visión de una ciencia neutra, aséptica, sin dimensiones políticas. Lxs científicxs así sólo se dedicarían a decir verdades reconocidas internacionalmente, mientras qué se haga con el conocimiento científico -para bien o para mal, para beneficio empresarial o comunitario- sería responsabilidad de algún político con capacidad de decisión. Quienes hacemos ciencia estaríamos exentos de todo juicio moral y ético. 

El mito de la ciencia neutra. Tantas veces puesto en duda pero permanece intacto, sobre todo en los pasillos de laboratorios y facultades. Desde luego, esta visión no es inocente. Deja intocables a un grupo de personas que son fundamentales para la reproducción de este sistema injusto que vivimos todos los días. Es un punto de vista que ha calado muy hondo y que todavía tiene mucha legitimidad. Por eso Villalba sentencia: “Es un acto contra la ciencia, se está dudando de los científicos”. 

La defensa corporativa que ha tenido la comunidad científica es notable. La reacción para salvaguardar a “la ciencia” ha sido prácticamente unánime. La profundidad con la que ha penetrado el discurso de la ciencia pura se observa en que todo el arco político - Izquierda, kirchnerismo y afines, el propio CONICET- se ha pronunciado en el mismo sentido. Pero ¿los científicos no tenemos responsabilidad en lo que decimos y hacemos? ¿Hasta cuándo vamos a considerarnos libres de valores, ajenos a la sociedad en la cual vivimos? No es ningún justificativo una cita a criterios internacionales cuando las comunidades y el territorio están en peligro.

Pero todavía más, en este caso explícitamente había que seguir un criterio local -fijado por la ley-, no uno internacional. El inventario estaba pensado para que los glaciares sean protegidos, no para publicar papers. Este es un punto que hay que remarcar, no sólo desde el punto de vista ético sino también desde uno epistémico. Las características de los glaciares en San Juan varían respecto de otros a nivel mundial. Los suizos, por ejemplo, son mucho más grandes porque el ambiente es húmedo, mientras que en San Juan la zona es árida. Muchos glaciares con el criterio de más de una hectárea deben haber quedado afuera por no tomar un criterio local, eso es reprochable incluso en los propios términos teóricos que se dicen defender.

Desde luego, está la cuestión acerca de si metodológicamente era posible inventariar los glaciares menores a una hectárea. Es importante señalar aquí que incluso si las imágenes satelitales no permitieran tal trabajo, lxs científicxs son responsables de tomar resoluciones contrarias a los intereses de las comunidades, ya que toda decisión técnica y metodológica tiene, en tanto actividad social, dimensiones éticas y políticas. Aun así, este no parece ser el caso tanto por la existencia de mapas confeccionados por el IANIGLA anteriores a la ley que consideran a glaciares pequeños, como por la existencia de imágenes de alta resolución obtenidas por la CONAE, institución con la cual el IANIGLA mantiene vínculos.

Otro de los aspectos que es necesario problematizar es el hecho de que pareciera que los únicxs autorizadzxs a definir qué proteger es la comunidad científica. La voz de las comunidades, conocedoras del territorio y sus necesidades, quedan relegadas en la toma de decisiones. Más allá de la ley, las poblaciones están reclamando por su salud y el ambiente en el que viven, en una democracia bien entendida sus intereses tienen que ser prioritariamente considerados. 

Las empresas trasnacionales están saqueando nuestro territorio dejando para nosotrxs desastres ambientales. Los gobiernos miran para otro o son cómplices de manera activa. No resulta sorprendente pues, que el macrismo tenga intención de cambiar la ley de glaciares para permitir que la Barrick Gold, entre otras, operen sin problemas en un futuro no muy lejano. Una de las modificaciones sustanciales sería, justamente, que las geoformas consideradas en el inventario sean las mayores a una hectárea, concordante con el criterio del IANIGLA, perjudicial para nuestra salud y ambiente. Reflexionar sobre las responsabilidades de lxs científicxs es fundamental para no actuar contra nuestra comunidad. La apelación a parámetros internacionales como si éstos fueran neutros muestra una lógica de dependencia cultural neocolonial que atraviesa tanto el saqueo a nuestros territorios, como cómo nos pensamos. Abrir el diálogo y escucharnos entre nosotrxs es cada vez más urgente para encaminarnos hacia un buen vivir.